Esta adhesión representa un paso fundamental para consolidar un marco de protección más sólido.

En paralelo a este avance legislativo, en Antioquia se materializan acciones directas.

La Gobernación, en convenio con el Comité de Rehabilitación, invertirá más de 1.700 millones de pesos para beneficiar a más de 2.600 personas con discapacidad, cuidadores y profesionales de la salud. El proyecto contempla la entrega de un banco de ayudas técnicas con sillas de ruedas, muletas, bastones guía, audífonos y dispositivos braille, priorizando municipios golpeados por el conflicto armado como Chigorodó, Mutatá, San Carlos y Tarazá. Esta iniciativa también incluye sensibilización y capacitación para el manejo de las ayudas, buscando eliminar barreras de accesibilidad y generar territorios más inclusivos.