Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgo humanitario en el Valle del Cauca

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia para tres municipios del Valle del Cauca, advirtiendo sobre un riesgo crítico de violaciones a los derechos humanos. La alerta subraya la reaparición del grupo ‘Rastrojos Nueva Generación’ y su disputa territorial con el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, lo que agudiza la violencia contra la población civil. La Alerta Temprana de Inminencia 011 de 2025 se enfoca en los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, donde la confluencia y posible confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el ELN, el Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación ha creado un escenario de riesgo crítico. Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos han derivado en un patrón de violencia que incluye homicidios selectivos, instalación de artefactos explosivos y enfrentamientos armados. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que esta dinámica ha incrementado el peligro para la población civil, con riesgos de desplazamientos masivos, confinamientos, reclutamiento forzado de menores y amenazas a líderes sociales. La alerta advierte un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas, y amenazas específicas de violencia sexual y extorsión contra mujeres campesinas y jóvenes. Ante este panorama, la Defensoría formuló recomendaciones al Estado, instando a una coordinación interinstitucional inmediata liderada por el Ministerio del Interior, un refuerzo de la presencia y control territorial por parte del Ministerio de Defensa, y el fortalecimiento de medidas de protección diferencial para comunidades indígenas, líderes y menores de edad.

En resumen

La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia urgente para tres municipios del Valle del Cauca debido a la escalada de disputas territoriales entre grupos armados, incluyendo la reaparición de ‘Los Rastrojos’. La alerta destaca riesgos inminentes de graves violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos y reclutamiento forzado, e insta a una respuesta estatal inmediata y coordinada.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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