Atentado en Cali: Terror, respuesta estatal y solidaridad ciudadana

Un atentado terrorista con un camión bomba en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali dejó un saldo trágico de víctimas civiles, desatando una contundente respuesta del Estado y una movilización de solidaridad ciudadana. La acción, atribuida a disidencias de las FARC, evidencia la grave situación de seguridad en el suroccidente del país. El ataque, perpetrado el 21 de agosto, resultó en la muerte de siete personas, entre ellas una docente, un joven de 23 años y un aprendiz del SENA de 17, y dejó más de 70 heridos, con varios pacientes en estado crítico en unidades de cuidados intensivos. La explosión, causada por un vehículo cargado con 358 kilos de explosivos distribuidos en cilindros y artefactos tipo ‘tatuco’, también ocasionó cuantiosos daños materiales en más de 150 viviendas y locales comerciales. Las autoridades señalaron a la estructura ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ como responsable. La respuesta del Estado fue inmediata, con el despliegue de 50 comandos de una fuerza élite del Ejército especializados en combate urbano antiterrorista para reforzar la seguridad en la ciudad. Esta unidad es la misma que lideró la ofensiva en El Plateado, Cauca, en 2024. Adicionalmente, se activó la ‘Operación Sultana’ para blindar a Cali y el sur del Valle. En el ámbito judicial, la Fiscalía imputó cargos por homicidio agravado y terrorismo a dos presuntos autores materiales, capturados en flagrancia gracias a la intervención de la comunidad. La reacción social no se hizo esperar: la Alcaldía de Cali dispuso de más de 30 profesionales para brindar apoyo psicosocial a las familias afectadas, mientras que el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca lanzó la campaña solidaria ‘Cali y el Valle lo valen’ para recaudar fondos y ayudas. La comunidad también se unió en una velatón para honrar a las víctimas, enviando un mensaje de resiliencia y rechazo a la violencia.

En resumen

El atentado en Cali subraya la vulnerabilidad de la población civil ante el conflicto armado, provocando un importante refuerzo de la seguridad y notables esfuerzos de solidaridad comunitaria. La rápida captura de sospechosos y el lanzamiento de la ‘Operación Sultana’ marcan una respuesta estatal firme frente a la escalada de violencia en la región.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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