Gremio médico alerta por desabastecimiento de medicamentos vitales en las UCI del país
El Sindicato Gremial de Especialistas en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (SICRITICO) ha lanzado una grave advertencia sobre el desabastecimiento de medicamentos esenciales para la atención de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Colombia. La escasez de estos fármacos pone en riesgo directo el derecho a la vida y la salud de miles de personas en estado crítico. El sindicato, presidido por Juan José Vélez Cadavid, denunció la falta de disponibilidad de insumos indispensables como Norepinefrina, Vasopresina, Azul de Metileno, Furosemida y Milrinone. Según el gremio, esta situación “no solo compromete la labor asistencial de los profesionales de la salud, sino que pone en riesgo directo e inminente derechos fundamentales de los pacientes, particularmente el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad humana y a la igualdad en el acceso a los servicios de atención en salud”. SICRITICO recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que es un “deber irrenunciable del Estado garantizar la prestación eficiente, continua y oportuna de los servicios de salud”. Ante la crisis, el sindicato hizo un llamado urgente al Ministerio de Salud y al INVIMA para que informen públicamente sobre la situación real, adopten acciones para garantizar el abastecimiento y refuercen los controles para evitar prácticas de acaparamiento o especulación. La organización enfatizó que la garantía del derecho a la salud es una “prioridad inaplazable para proteger la vida y la dignidad de los colombianos”.



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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






