Valeria desapareció el 12 de agosto de 2025 en el Gimnasio Campestre Los Laureles, tras ser vista en una cámara de seguridad jugando cerca de una reja que colinda con el río Frío. A pesar de una búsqueda masiva con más de 200 efectivos, drones y caninos, no se ha encontrado rastro alguno. La hipótesis inicial de una caída accidental al río ha sido descartada en un 95%. El abogado de la familia, Julián Quintana, expresó su preocupación: “Hemos hecho mucho énfasis en la Fiscalía en que debe haber un responsable, el cual, sin duda alguna, es el colegio”. Quintana denunció que la institución alteró la escena del delito: “Los huecos que tenían las rejas y por donde se supone que la niña fue sacada o salió, encontramos que el colegio los tapó totalmente, puso rejas nuevas e hizo rellenos de tierra y de escombro”. El padre de la menor, Manuel Afanador, insiste en que “la niña no pudo haber salido sola, algo o alguien estuvo detrás de esto”. Las autoridades mantienen una recompensa de hasta 70 millones de pesos y la Interpol emitió una circular amarilla para buscarla en 196 países. Recientemente, durante los operativos de búsqueda, se halló un cuerpo desmembrado en la zona, pero el CTI confirmó que correspondía a un hombre adulto, descartando su relación con el caso de Valeria.
Desaparición de Valeria Afanador: familia pide investigar secuestro y acusa al colegio de alterar la escena
La desaparición de Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, en Cajicá, Cundinamarca, ha generado una movilización nacional y serios cuestionamientos sobre la seguridad en su colegio. La familia, ante la falta de rastros, pide a la Fiscalía investigar un posible secuestro y acusa a la institución educativa de alterar la escena donde fue vista por última vez.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






