La Defensoría del Pueblo rechazó enérgicamente el ataque, afirmando que “constituye una infracción al derecho internacional humanitario y podría constituir un crimen de guerra”.

Las autoridades atribuyeron el atentado a la estructura ‘Jaime Martínez’ del Estado Mayor Central (EMC), liderada por alias ‘Iván Mordisco’. El presidente Gustavo Petro señaló que el ataque fue una “reacción terrorista” a los golpes de la Fuerza Pública en el Cañón del Micay. La respuesta institucional fue inmediata: el alcalde Alejandro Eder ordenó la militarización de la ciudad y se activó la ‘Operación Sultana’ para reforzar la seguridad. Se ofrecieron recompensas de hasta $400 millones por parte de la Alcaldía y la Gobernación, y más de $3.200 millones por alias ‘Marlon’, presunto determinador. Dos sospechosos, Walter Esteban Yonda Ipía, alias ‘Sebastián’, y Carlos Steven Obando, fueron capturados en flagrancia, en parte por la intervención de la comunidad.

Posteriormente, fue capturado Diomar Mancilla Flórez, alias ‘El Mocho’, señalado como cabecilla de milicias urbanas y coordinador del ataque.