Un ataque perpetrado por disidencias de las FARC contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en zona rural de Amalfi, Antioquia, resultó en la muerte de 13 uniformados, marcando un grave recrudecimiento del conflicto y el uso de nuevas tácticas de guerra. El hecho ha generado una condena nacional y ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la Fuerza Pública en operaciones contra el narcotráfico. El 21 de agosto de 2025, en la vereda Los Toros, un helicóptero Black Hawk UH-60 que apoyaba labores de erradicación manual de cultivos de coca fue atacado. Las versiones sobre el método varían: algunas indican que la aeronave fue derribada por un dron cargado con explosivos, mientras que otras, confirmadas por el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señalan que el helicóptero aterrizó en un “campo que tenían estos criminales preparado con explosivos” que fueron activados. El saldo de víctimas ascendió progresivamente de ocho a 13 policías muertos, incluyendo al Mayor Carlos Mateus Ovalle y al Capitán Francisco Javier Merchán, quien falleció por la gravedad de sus heridas tras esperar horas por el rescate. Las víctimas eran oriundas de al menos ocho departamentos, entre ellos Sucre, Cauca, Nariño y Boyacá.
El ataque fue atribuido al Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias ‘Calarcá’.
En audios difundidos, presuntos miembros del grupo celebraban el hecho exclamando: “Coronamos, coronamos”.
Como respuesta, el Gobierno anunció una recompensa de hasta $2.000 millones por alias ‘Chejo’, señalado como autor intelectual, y $300 millones por alias ‘Guaricho’ y ‘Leo’.
La Defensoría del Pueblo advirtió que el escenario de riesgo en Amalfi ya había sido identificado en la Alerta Temprana 023 de 2022. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que había alertado al gobierno nacional sobre la situación de seguridad en la zona desde junio sin recibir respuesta, y criticó la demora de casi 24 horas de la fuerza pública para llegar al sitio y rescatar a los heridos.
En resumenEl ataque en Amalfi, que costó la vida a 13 policías, evidencia la sofisticación táctica y la brutalidad de las disidencias de las FARC en Antioquia. La respuesta estatal incluye recompensas millonarias y un consejo de seguridad, pero el suceso también ha desatado una controversia sobre la presunta falta de atención a las alertas tempranas y la tardanza en las labores de rescate, subrayando los enormes riesgos de las operaciones antinarcóticos en zonas de conflicto.
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