Audios difundidos muestran a los presuntos atacantes celebrando el hecho con frases como “Coronamos, coronamos”.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre los responsables.
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Un ataque sin precedentes con drones explosivos contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en Amalfi, Antioquia, resultó en la muerte de trece uniformados, evidenciando una peligrosa escalada tecnológica y táctica por parte de los grupos armados ilegales. La masacre ha generado una fuerte condena nacional y cuestionamientos sobre la seguridad de las operaciones contra el narcotráfico. El 21 de agosto, un helicóptero Black Hawk UH-60 que apoyaba labores de erradicación de cultivos de coca en la vereda Los Toros fue derribado. El ataque fue atribuido al frente 36 de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias “Calarcá” y ejecutado por cabecillas como alias “Chejo”, “Guaricho”, “Barbas” y “Guillermino”. El atentado se realizó en dos fases: primero, un hostigamiento con tatucos y ráfagas de fusil a las tropas en tierra, y posteriormente, el ataque con un dron explosivo que impactó el rotor de la aeronave que acudía en su apoyo. Entre las 13 víctimas fatales se encontraba el capitán Francisco Javier Merchán Granados, quien falleció en un centro asistencial tras esperar casi 24 horas por el rescate, según denunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. El mandatario también señaló que había alertado al Gobierno Nacional sobre la crítica situación de orden público en la zona desde el 4 de junio, sin recibir respuesta. En el ataque también murieron dos caninos antiexplosivos, Léster y Telmo.



Audios difundidos muestran a los presuntos atacantes celebrando el hecho con frases como “Coronamos, coronamos”.
Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información sobre los responsables.

Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

La Procuraduría Regional, asegura procedimiento de la población privada de la libertad. La entrada Garantizan Derechos en traslado se publicó primero en EXTRA | El Diario de Todos.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.