Explosión en el centro de Florencia agudiza la crisis de seguridad por extorsión
La escalada de violencia en Colombia se extendió a Florencia, Caquetá, donde la detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de la ciudad causó pánico y daños materiales significativos. Aunque no se reportaron víctimas, el hecho subraya la creciente amenaza de la extorsión y la intimidación por parte de grupos armados en las capitales departamentales. El ataque ocurrió en la madrugada del 22 de agosto, alrededor de las 3:11 a.m., a solo una cuadra de la Alcaldía. El artefacto fue abandonado en una caneca de basura y su detonación afectó a varios locales comerciales, destruyendo vitrinas y fachadas. El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, atribuyó el atentado a presiones extorsivas de la estructura de las disidencias conocida como “Rodrigo Cadete”, bajo el mando de alias ‘Calarcá’. “Es un artefacto de menor poder explosivo que detonaron cerca de una droguería, muy probablemente, por no querer pagar extorsión”, afirmó el mandatario. Esta versión fue reforzada por el coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, quien señaló que dicha disidencia había distribuido panfletos exigiendo pagos de hasta 60 millones de pesos a los comerciantes. El hecho se produjo en un contexto de alerta, ya que el día anterior circularon audios advirtiendo a la ciudadanía no transitar por la zona. Tras el atentado, se convocó un consejo extraordinario de seguridad para diseñar un plan que contrarreste la ofensiva de los grupos ilegales.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





