Tras el atentado, la comunidad logró capturar a un presunto responsable, identificado como alias ‘Sebastián’, quien fue entregado a la Policía. Como respuesta a la crisis, el alcalde Alejandro Eder ordenó la militarización de la ciudad y la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente. Además, las autoridades locales, departamentales y nacionales ofrecieron una recompensa conjunta de hasta 1.000 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables intelectuales, incluyendo a alias ‘Marlon’.

La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque, calificándolo como un crimen de guerra al haber tenido como víctimas principales a civiles.

La ONU también condenó el ataque indiscriminado y urgió a los grupos armados a respetar los derechos humanos.