El ataque también cobró la vida de dos caninos antiexplosivos, ‘Telmo’ y ‘Léster’. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que la Fuerza Pública tardó casi 24 horas en llegar al sitio para rescatar a los heridos, y recordó que desde junio había alertado al Ministerio de Defensa sobre la crítica situación de seguridad en la zona, sin recibir respuesta. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el hecho e instó a los grupos armados a respetar el DIH. La brutalidad del ataque y la celebración de los responsables, registrada en audios donde se les escucha decir “Coronamos, coronamos”, ha generado una profunda indignación nacional.
Ataque en Amalfi deja 13 policías muertos y reaviva debate sobre seguridad
La violencia en el nordeste antioqueño alcanzó un punto crítico con el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, un ataque que dejó 13 uniformados muertos y evidenció la escalada en las tácticas de los grupos armados ilegales. Este hecho ha generado una condena nacional y reavivado el debate sobre la seguridad en las zonas de erradicación de cultivos ilícitos. El atentado ocurrió el 21 de agosto, cuando la aeronave Black Hawk apoyaba labores de erradicación manual de coca en la vereda Los Toros. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por el frente 36 de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Calarcá’, utilizando drones cargados con explosivos y ráfagas de fusil. El presidente Gustavo Petro confirmó la cifra de víctimas, lamentando la muerte del capitán Francisco Javier Merchán Granados, quien falleció horas después por la gravedad de sus heridas. “Mi sentido pésame a sus familias, estos hombres murieron por debilitar el narcotráfrico que hace rutas por el Caribe hacia Estados Unidos”, expresó el mandatario.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





