Estas condiciones precarias han obligado a los niños, niñas y adolescentes, desde preescolar hasta grado once, a recibir clases en ambientes inseguros que afectan su concentración, bienestar y desarrollo académico.

La acción de tutela fue instaurada en contra del municipio de Riosucio, la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación Nacional por la presunta violación a los derechos a la educación, agua potable, igualdad, seguridad personal e integridad física. La Regional Urabá Darién de la Defensoría exige a las entidades accionadas que adopten medidas urgentes para garantizar entornos escolares seguros. Se insta a establecer un plan integral de intervención que asegure la reparación y reconstrucción de los espacios educativos, evitando que la comunidad estudiantil continúe expuesta a riesgos y vulneraciones. La Defensoría reiteró su compromiso de seguir acompañando a las comunidades educativas del país, recordando que la protección de los derechos de la niñez es una obligación prioritaria del Estado.