La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales de cerca de 500 estudiantes de la sede educativa Nuestros Esfuerzos en Riosucio, Chocó. La entidad evidenció el grave deterioro de la infraestructura escolar, que pone en riesgo la vida, seguridad y el derecho a una educación en condiciones dignas. Tras una visita de verificación, la Defensoría constató que los tres bloques que componen la institución presentan serias afectaciones estructurales. Se encontraron aulas con grietas y techos en mal estado, bloques de madera con riesgo de colapso, ausencia de agua potable y energía eléctrica, sanitarios fuera de servicio y una carencia general de ventilación y espacios adecuados para la enseñanza.
Estas condiciones precarias han obligado a los niños, niñas y adolescentes, desde preescolar hasta grado once, a recibir clases en ambientes inseguros que afectan su concentración, bienestar y desarrollo académico.
La acción de tutela fue instaurada en contra del municipio de Riosucio, la Secretaría de Educación Departamental y el Ministerio de Educación Nacional por la presunta violación a los derechos a la educación, agua potable, igualdad, seguridad personal e integridad física. La Regional Urabá Darién de la Defensoría exige a las entidades accionadas que adopten medidas urgentes para garantizar entornos escolares seguros. Se insta a establecer un plan integral de intervención que asegure la reparación y reconstrucción de los espacios educativos, evitando que la comunidad estudiantil continúe expuesta a riesgos y vulneraciones. La Defensoría reiteró su compromiso de seguir acompañando a las comunidades educativas del país, recordando que la protección de los derechos de la niñez es una obligación prioritaria del Estado.
En resumenLa Defensoría del Pueblo tomó acciones legales para amparar a 500 estudiantes en Riosucio, Chocó, cuya escuela se encuentra en un estado de deterioro crítico. La tutela busca obligar a las autoridades nacionales y locales a garantizar el derecho a una educación segura y digna, reparando una infraestructura que amenaza la integridad de la comunidad educativa.