Según Bernate, las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso no siempre eran bien recibidas por otras reclusas, quienes cuestionaban: "¿Por qué usted sí y nosotros no?".

La defensa había solicitado un centro de reclusión especial, como una guarnición militar, argumentando que la ley penitenciaria permite el cambio cuando existen riesgos comprobados para la vida de una persona privada de la libertad. El traslado no implica beneficios jurídicos ni reducción de la pena, sino que es una decisión administrativa para proteger su integridad física en un establecimiento con condiciones de seguridad más controladas.