El caso se originó cuando el estudiante defendió a dos compañeras que habían sido expulsadas por su orientación sexual y, al mismo tiempo, reveló la suya.
Esta acción de valentía desató una serie de actos discriminatorios por parte de una coordinadora del colegio, quien, según la denuncia, le gritó que su orientación era una “abominación” y que debía cambiarla, basándose en las creencias religiosas del personal docente. Además, se denunció que las clases de educación sexual promovían mensajes homofóbicos.
La respuesta de la institución ante las denuncias públicas del joven, apoyadas por organizaciones como Colombia Diversa, fue expulsarlo. La Corte Constitucional, en una sentencia redactada en lenguaje sencillo y dirigida directamente al adolescente, no solo protegió sus derechos fundamentales a la educación y a la no discriminación, sino que también condenó las prácticas del colegio. El fallo ordena a la institución pedir disculpas públicas, garantizar la nivelación académica del estudiante y adelantar capacitaciones sobre diversidad sexual y de género. Este caso resalta la responsabilidad de las instituciones educativas como garantes de entornos seguros y libres de discriminación, y subraya que las creencias religiosas no pueden anteponerse a los derechos constitucionales de los menores. El fallo es una herramienta poderosa contra el matoneo y la violencia escolar, una problemática grave en Colombia, que según estudios de la Universidad Javeriana, ocupa el lugar 11 a nivel mundial entre los países de la OCDE con mayor prevalencia de acoso escolar.