La vulneración del derecho fundamental a la salud en Colombia ha quedado nuevamente en evidencia con la protesta de pacientes trasplantados renales en el Quindío, quienes denuncian la falta de entrega de medicamentos vitales por parte de la Nueva EPS. Esta situación se suma a una crisis más amplia que también afecta a los afiliados de Coosalud en Antioquia, donde la Clínica del Prado suspendió servicios por deudas, reflejando fallas sistémicas que ponen en riesgo la vida de miles de personas. En el Quindío, un grupo de pacientes que recibieron trasplantes de riñón realizó un plantón para exigir el suministro de fármacos inmunosupresores, indispensables para evitar el rechazo del órgano.
Luz Elena Hernández, trasplantada hace 15 años, expresó la desesperación del colectivo: “Estamos haciendo este plantón porque estamos necesitados de los medicamentos. Hace más de un mes que la EPS no nos da nada y nosotros queremos conservar este órgano para tener una buena calidad de vida. Si no nos tomamos las medicinas, es un día menos de vida para el riñón y también para nosotros”. Por su parte, Mónica Olguín Mejía, trasplantada hace 20 años, denunció no recibir sus medicamentos desde enero y carecer de órdenes médicas para reclamarlos.
“Una cirugía de trasplante puede costar 450 millones de pesos.
Y ahora nos toca salir a la calle para evitar que el mismo sistema de salud nos quite lo que nos salvó la vida”, puntualizó.
Esta problemática no es aislada; en Antioquia, la Clínica del Prado, especializada en atención materna, suspendió todos sus servicios a los usuarios de la EPS Coosalud debido a deudas pendientes, afectando a una población igualmente vulnerable. Ambos casos ilustran cómo las barreras administrativas y financieras de las EPS se traducen en una negación directa del derecho a la salud.
En resumenLas protestas de pacientes trasplantados y la suspensión de servicios en clínicas por deudas de las EPS son un síntoma alarmante de la crisis del sistema de salud colombiano. Estas situaciones no solo representan un incumplimiento administrativo, sino una violación directa del derecho a la vida y la salud, obligando a los ciudadanos a recurrir a la movilización social para exigir tratamientos que el Estado debería garantizar.