Luz Elena Hernández, trasplantada hace 15 años, expresó la desesperación del colectivo: “Estamos haciendo este plantón porque estamos necesitados de los medicamentos. Hace más de un mes que la EPS no nos da nada y nosotros queremos conservar este órgano para tener una buena calidad de vida. Si no nos tomamos las medicinas, es un día menos de vida para el riñón y también para nosotros”. Por su parte, Mónica Olguín Mejía, trasplantada hace 20 años, denunció no recibir sus medicamentos desde enero y carecer de órdenes médicas para reclamarlos.

“Una cirugía de trasplante puede costar 450 millones de pesos.

Y ahora nos toca salir a la calle para evitar que el mismo sistema de salud nos quite lo que nos salvó la vida”, puntualizó.

Esta problemática no es aislada; en Antioquia, la Clínica del Prado, especializada en atención materna, suspendió todos sus servicios a los usuarios de la EPS Coosalud debido a deudas pendientes, afectando a una población igualmente vulnerable. Ambos casos ilustran cómo las barreras administrativas y financieras de las EPS se traducen en una negación directa del derecho a la salud.