La comunidad local y usuarios en redes sociales revelaron que el presunto agresor ya tenía un historial de comportamientos violentos y agresivos, especialmente contra quienes no le daban dinero, lo que sugiere una falla en la atención preventiva por parte de las autoridades locales. El padre de la víctima, Sergio Yepes, describió a su hijo como un joven “tranquilo, responsable y alegre” que “solo quería trabajar y salir adelante”. La defensa de Cadavid ha solicitado un examen psiquiátrico para determinar su posible inimputabilidad, abriendo un debate sobre cómo el sistema judicial debe tratar a personas con posibles trastornos mentales que cometen delitos graves. Este caso evidencia una triple falla: la vulneración del derecho a la vida de un ciudadano, la falta de una política pública efectiva para la atención de habitantes de calle con problemas de salud mental y la creciente percepción de inseguridad en los espacios públicos.