La Propuesta de Consulta Popular por Decreto del Gobierno Petro

El debate público ha contrapuesto el análisis legal con la opinión política. El portal Cuestión Pública, en una entrevista con el jurista Rodrigo Uprimny, explora los riesgos de la medida, señalando que “puede un presidente anular decisiones del Congreso por decreto” es una pregunta que pone en jaque la separación de poderes. Por otro lado, las columnas de El Expediente adoptan una postura de oposición frontal, calificando la iniciativa como un “golpe de estado” y un intento de Petro de convertirse en “presidente/dictador”. El columnista Juan José Gómez llega a afirmar que el país se enfrenta a una encrucijada entre “defender el imperio de la Constitución o aceptar, cobardes, la tiranía”. En un tono más informativo, El Tiempo reporta la suspensión cautelar del decreto por parte del Consejo de Estado, que advirtió la falta del concepto previo y favorable del Senado, un requisito constitucional insalvable. Este medio también recoge las voces de críticos como el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, quien calificó el acto como una grave “violación a la separación de poderes”. La controversia se ha centrado en la figura de la “excepción de inconstitucionalidad”, defendida por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, pero ampliamente rebatida por constitucionalistas como Mauricio Gaona, quien en un debate radial la describió como un “exabrupto jurídico”.