La medida ha sido calificada por actores internacionales como un grave impedimento para la labor humanitaria.

Nicolas Dotta, director general de Médicos del Mundo en España, ha señalado que esta prohibición empeora directamente la situación. La reacción no se ha limitado a las propias organizaciones; el Patriarcado Latino de Jerusalén también ha expresado su descontento, y Cáritas Jerusalén ha afirmado que, a pesar de las dificultades, continuará con sus operaciones. Esta acción se suma a la prohibición previa impuesta en 2024 a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), acusada por Israel de la participación de algunos de sus empleados en el ataque del 7 de octubre de 2023. La comunidad internacional ve con preocupación cómo estas restricciones limitan severamente la capacidad de respuesta ante una de las crisis humanitarias más graves del mundo, dejando a la población civil de Gaza y Cisjordania en una situación de mayor vulnerabilidad y desamparo.