Esta acción se suma a la prohibición impuesta en 2024 a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), tras acusaciones de que algunos de sus trabajadores participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023. La comunidad internacional, incluido el Patriarcado Latino de Jerusalén, ha criticado duramente la medida, considerándola un obstáculo más para la ya precaria asistencia a la población civil. Nicolas Dotta, director general de Médicos del Mundo en España, ha señalado que la prohibición empeora una situación ya de por sí grave. A pesar del veto, algunas organizaciones como Cáritas Jerusalén han manifestado su intención de continuar con sus operaciones, subrayando la resiliencia y el compromiso del sector humanitario frente a los crecientes desafíos políticos y logísticos en la región.