La crisis ha sido documentada por múltiples organismos.

La ONU denunció una grave emergencia alimentaria que afecta a más de 1,5 millones de personas, mientras que el secretario general, António Guterres, señaló que más del 75 % de la población sigue en riesgo de hambre extrema. El observador global del hambre (conocido como IPC o CIFS) canceló su declaración de hambruna, que en agosto había afectado a más de 514.000 personas y causado 185 muertes por inanición, atribuyendo la mejora a la reducción de ataques israelíes y un mayor acceso a alimentos. Sin embargo, la misma organización advirtió que la situación sigue siendo crítica, con 1,6 millones de personas (de una población de 2,2 millones) enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda y con el riesgo de hambruna persistiendo hasta abril de 2026 si se reanudan las hostilidades. El vicario general del Patriarcado Latino de Jerusalén, William Shomali, describió un panorama desolador donde, además del miedo y el desempleo, "hay hambre". Esta dependencia de la tregua y del flujo de ayuda humanitaria subraya la extrema fragilidad de las condiciones de vida en la Franja, donde la supervivencia de millones pende de un hilo.