El riesgo de una catástrofe humanitaria generalizada permanece latente, especialmente si se reanudan las hostilidades a gran escala. Recientemente, el observador global del hambre, conocido como la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF o IPC), retiró su declaración de hambruna para algunas zonas de Gaza, una medida atribuida a la reducción de los ataques israelíes y a un mayor acceso de alimentos al enclave. Esta decisión contrasta fuertemente con la situación de agosto, cuando el mismo organismo declaró una hambruna que afectaba a más de 514.000 personas y que, según los informes, causó 185 muertes por inanición solo en ese mes. Sin embargo, la mejora es precaria y no representa el fin de la crisis. El secretario general de la ONU, António Guterres, y otras fuentes de la organización subrayan que la situación sigue siendo crítica. Según los datos, entre 1,5 y 1,6 millones de personas, de una población total de 2,2 millones, todavía enfrentan niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda. Esto significa que más del 75 % de la población de Gaza sigue en riesgo de padecer hambre extrema. La advertencia es clara: el riesgo de hambruna persistirá al menos hasta abril de 2026 y podría materializarse rápidamente si las hostilidades se reanudan. La crisis alimentaria se ve agravada por el colapso de los servicios básicos, la falta de acceso a agua potable y atención médica, lo que crea una situación de vulnerabilidad extrema para millones de palestinos.