Por ello, se propone una transición bajo supervisión internacional, con una fuerza militar y una junta administrativa gestionando la seguridad y la reconstrucción. El texto del acuerdo señala que la "Junta de Paz" coordinará la financiación para la reurbanización "hasta que la Autoridad Palestina haya completado satisfactoriamente su programa de reformas". Esto establece una clara condicionalidad: la transferencia de poder solo ocurrirá después de que la AP demuestre haber implementado cambios significativos.

Mientras tanto, el futuro de la seguridad en Gaza también es disputado por otras facciones palestinas, algunas respaldadas por Israel y EE. UU., que aspiran a integrar la nueva fuerza de seguridad.

Este escenario plantea un doble desafío para la Autoridad Palestina: debe reformarse internamente para cumplir con las expectativas internacionales mientras compite por la influencia con otros grupos armados en el terreno.