Sin embargo, la iniciativa genera controversia por su enfoque en una administración transitoria internacional que podría socavar la autodeterminación palestina.

El plan, que consta de veinte puntos clave, incluye un alto al fuego, el desarme de grupos armados, la reconstrucción y, notablemente, un modelo de gobernanza internacional. La resolución de la ONU otorga a Estados Unidos un mandato para implementar la formación de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) de aproximadamente 20.000 efectivos, que supervisaría la seguridad en el enclave. Además, se contempla la creación de una “Junta de Paz” como administración transitoria con personalidad jurídica internacional, la cual coordinaría la financiación y la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina esté en condiciones de asumir el gobierno a finales de 2027. La principal crítica a este modelo es que excluye a los palestinos del proceso de toma de decisiones, lo que evoca un sistema de tutela similar al de los mandatos coloniales. Un análisis lo compara con el artículo 22 de la Sociedad de Naciones, que afirmaba que la tutela de ciertos territorios se confiaba a “naciones desarrolladas como mandatarias” hasta que pudieran autogobernarse. Esta aproximación sugiere que la autodeterminación palestina solo será posible cuando terceros lo consideren oportuno, manteniendo el futuro de Gaza en manos de potencias externas.