Expertos citados en los artículos consideran estas acciones como una posible violación del acuerdo, una acusación que añade tensión a un escenario ya volátil. Por su parte, el ejército israelí se defiende argumentando que las demoliciones se realizan en cumplimiento de todas las condiciones estipuladas en el pacto, una postura que contrasta fuertemente con la percepción de los analistas y la realidad sobre el terreno. La consecuencia directa de estas acciones es el empeoramiento de las condiciones de vida para la población gazatí. Un artículo describe la vida un mes después del alto el fuego, donde los hogares han sido reducidos a escombros y los precios de los bienes básicos son exorbitantes.

Dos mujeres gazatíes entrevistadas por la BBC expresaron sus temores y la escasa perspectiva de futuro, una visión que se generaliza entre una población que ve cómo sus propiedades y medios de subsistencia desaparecen. La destrucción sistemática no solo impide la reconstrucción física de la Franja, sino que también socava la confianza en cualquier proceso de paz, dejando a miles de familias sin hogar y en una situación de incertidumbre extrema.