El caso ha expuesto las denuncias recurrentes sobre el maltrato a los detenidos palestinos y ha generado una crisis interna en Israel. La investigación, en lugar de centrarse en los soldados implicados en el abuso, se ha dirigido contra la abogada que expuso los hechos, lo que ha sido criticado por diversos sectores. El primer ministro Benjamín Netanyahu reaccionó al escándalo calificándolo como un “ataque propagandístico”, una declaración que busca minimizar la gravedad de los hechos y desviar la atención de las múltiples denuncias de abusos similares que este caso ha puesto de relieve. Tomer-Yerushalmi renunció a su cargo antes de ser detenida, asumiendo la responsabilidad por la divulgación del material audiovisual. La prisión de Sde Teiman, donde ocurrieron los hechos, ha sido descrita por medios de comunicación como la “cárcel de los horrores”, lo que sugiere que este incidente podría ser solo la punta del iceberg de un problema sistémico de abuso dentro del sistema penitenciario militar israelí. El escándalo no solo plantea serias preguntas sobre la conducta de las tropas israelíes, sino también sobre la rendición de cuentas y la transparencia dentro de una de las instituciones más importantes del país.