Un cese al fuego mediado por el gobierno de Trump entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, buscando detener las hostilidades en Gaza y aliviar la crisis humanitaria. Sin embargo, el acuerdo se ha visto amenazado casi desde su inicio por una serie de enfrentamientos y tensiones políticas que ponen en duda su sostenibilidad a largo plazo. El pacto, que entró en vigor tras meses de conflicto, contemplaba el cese inmediato de hostilidades, la entrega de todos los rehenes en manos de Hamás a cambio de 1.968 prisioneros palestinos, la apertura de pasos fronterizos para permitir el ingreso de hasta 600 camiones de ayuda humanitaria diarios y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza.
Estados Unidos ha jugado un papel central, no solo en la mediación del acuerdo, sino también en los esfuerzos por preservarlo.
Altos funcionarios como el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, viajaron a Israel para supervisar la implementación del plan de paz. Rubio destacó que el objetivo prioritario es “consolidar la tregua entre Israel y Hamás y avanzar hacia un acuerdo de paz duradero”. A pesar de estos esfuerzos diplomáticos, el cese al fuego ha sido descrito como una “paz de papel” o una “paz iliberal”, que no aborda las causas profundas del conflicto ni garantiza la autodeterminación palestina. Su fragilidad se manifiesta en las constantes violaciones reportadas, la obstrucción de la ayuda humanitaria por parte de Israel y las acciones de sectores de la ultraderecha israelí que contradicen el espíritu del pacto, como el bloqueo de camiones en Kerem Shalom, que constituyó la primera interrupción registrada tras la tregua.
En resumenEl alto el fuego, aunque representa un paso crucial para detener la violencia inmediata, se mantiene en un estado precario. Su éxito depende de la voluntad política de ambas partes y de la presión diplomática internacional para asegurar el cumplimiento de sus términos y abordar la grave crisis humanitaria en Gaza.