La implementación de la segunda fase del plan se percibe como la más compleja y conflictiva. El plan de Trump estipula que Hamás no podrá gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente" y que la Franja será desmilitarizada bajo supervisión internacional. Sin embargo, las facciones de la resistencia palestina, incluyendo Hamás y la Yihad Islámica, han rechazado categóricamente cualquier tutela extranjera, afirmando que la administración del enclave es un asunto interno. Un vocero de Hamás fue tajante: "Ningún palestino aceptará el desarme; nuestro pueblo necesita las armas y la resistencia más que nunca". El analista Joseph Hage advierte que Israel ha dejado clara su postura: "Si Hamás no entrega sus armas, el ejército israelí va a entrar otra vez a la ciudad de Gaza y se las va a quitar por la fuerza". Según Hage, la situación ha llegado a un "callejón sin salida".

El plan propone que la administración sea confiada a un "comité palestino tecnocrático y apolítico" supervisado por un organismo internacional, con una posterior transferencia de poder a una Autoridad Palestina reformada. No obstante, la legitimidad de esta estructura es cuestionada, y se considera un acuerdo diseñado fuera de Palestina donde el pueblo palestino es una "variable incómoda". La falta de claridad y de consenso sobre estos puntos medulares deja la puerta abierta al retorno de la violencia una vez que la euforia inicial se disipe.