El acuerdo otorga a Hamás un plazo de 72 horas (o tres a cuatro días, según otra fuente) para aceptar la propuesta y liberar a los rehenes.

La consecuencia de no hacerlo es inequívoca.

Según el analista Irvin Gatell, “si no acepta, literalmente Estados Unidos fue explícito: Israel tiene vía libre para completar la destrucción del grupo”.

Esta amenaza se ve reforzada por el punto 17 del plan, que estipula que si Hamás retrasa o rechaza la propuesta, el acuerdo se implementará de todas formas en las “áreas libres de terrorismo” que Israel entregue a una fuerza internacional. Esto significa que la negativa de Hamás no detendría el proceso, sino que lo convertiría en el objetivo principal de una acción militar sin restricciones y lo aislaría políticamente. La presión sobre el grupo es inmensa, ya que según Gatell, aliados tradicionales como Qatar y Turquía ya han firmado el plan y le habrían pedido rendirse, dejándolo “sin respaldo internacional”. El ultimátum funciona como una herramienta diplomática para presentar a Hamás como el único obstáculo para la paz, la ayuda humanitaria y la reconstrucción, mientras se legitima una escalada militar en caso de una respuesta negativa. Para Gatell, el plazo es una formalidad, ya que “ya no tiene sentido plantear más tiempo” para una organización que considera militarmente derrotada.