La escala y la naturaleza de la respuesta israelí han llevado a una comisión independiente de la ONU, a relatores de derechos humanos y a numerosos países a calificar la ofensiva de genocidio. Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, sugirió que la cifra real de muertos podría llegar a 680.000. El argumento jurídico se centra en acciones como el bombardeo indiscriminado de zonas civiles, el ataque a lugares protegidos como hospitales, el asesinato de personal médico y el uso deliberado de la inanición como arma de guerra. Estos actos se consideran infracciones graves de los Convenios de Ginebra. El análisis proporcionado en los artículos señala estas acciones como “crímenes de guerra que interpelan a toda la comunidad internacional”. Hay un creciente llamamiento para que los países apoyen el caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa a Israel de violar la Convención de la ONU sobre el Genocidio.