Estos incluyen matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinadas a destruir al grupo e impedir nacimientos.

La presidenta de la comisión, Navi Pillay, fue contundente al declarar: “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”. El informe documenta bombardeos masivos contra zonas residenciales, hospitales y escuelas, así como el bloqueo de ayuda humanitaria que ha derivado en una hambruna generalizada.

El comisionado Chris Sidoti enfatizó que “las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada”.

La comisión atribuye la responsabilidad a las más altas esferas del gobierno israelí, acusando explícitamente al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant de incitar públicamente al genocidio con declaraciones como llamar “animales humanos” a los palestinos.

Israel, por su parte, ha rechazado categóricamente el informe, calificándolo de “mentiras antisemitas” y alegando que sus acciones son en legítima defensa.