Desde el inicio de la escalada, el gobierno colombiano ha condenado el uso del hambre como arma de guerra y el desplazamiento forzado, exigiendo el respeto al derecho internacional humanitario.

En mayo de 2024, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, una de las medidas más drásticas tomadas a nivel internacional. Posteriormente, el gobierno oficializó un decreto que prohíbe totalmente las exportaciones de carbón a Israel, argumentando que este recurso podría ser utilizado en la fabricación de armamento. La prohibición, según el decreto, estará vigente hasta que Israel cumpla con las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Además de las medidas diplomáticas y económicas, Colombia ha mostrado su solidaridad a través de la ayuda humanitaria, donando 200.000 dólares a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) para apoyar a organizaciones que atienden a niños y familias en Gaza. Esta postura ha sido calificada por el gobierno como una ratificación del “liderazgo de Colombia en la defensa de la vida y los derechos humanos”. En contraste, el expresidente Iván Duque se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo que evidencia una clara división en la élite política colombiana respecto al conflicto.