Estos incluyen matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos y mentales, infligir deliberadamente condiciones destinadas a destruir al grupo e impedir nacimientos.

La presidenta de la comisión, Navi Pillay, fue contundente al afirmar: “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”. El documento detalla bombardeos masivos contra zonas residenciales, hospitales y escuelas, el bloqueo de ayuda humanitaria que ha derivado en hambruna, y actos de violencia sexual. El comisionado Chris Sidoti enfatizó que las muertes “son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada”. El informe atribuye la responsabilidad a las “más altas esferas de las autoridades israelíes”, nombrando al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant como incitadores del genocidio.

El gobierno israelí ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas de “mentiras antisemitas” inspiradas por Hamás.

Sin embargo, los hallazgos abren la puerta a procesos judiciales en la Corte Penal Internacional y aumentan la presión sobre los Estados para que cumplan su obligación de prevenir y sancionar el genocidio, incluyendo la suspensión de la transferencia de armas a Israel.