Sin embargo, la CIJ ya ha emitido órdenes de medidas provisionales instando a Israel a prevenir actos genocidas y garantizar el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria. El incumplimiento de estas órdenes ha motivado acciones de otros países, como la prohibición de Colombia a las exportaciones de carbón. En un frente paralelo, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto el 21 de noviembre de 2024 contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Los cargos incluyen la presunta responsabilidad por crímenes de guerra, como “hacer padecer hambre como método de guerra” y “dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil”, así como crímenes de lesa humanidad de asesinato y persecución. Aunque probar jurídicamente el genocidio requiere un estándar probatorio muy alto, estos procesos en las cortes de La Haya representan un avance significativo hacia la rendición de cuentas y desafían la impunidad con la que Israel ha actuado históricamente.