El Gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, ha adoptado una de las posturas más firmes de la región contra las acciones de Israel en Gaza, implementando medidas diplomáticas y económicas concretas. Estas acciones ratifican el liderazgo que el país busca ejercer en la defensa de los derechos humanos a nivel internacional. Desde el inicio de la escalada, el gobierno Petro ha calificado repetidamente los hechos en Gaza como un "genocidio". En mayo de 2024, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, una de las decisiones más drásticas tomadas por un país latinoamericano. Posteriormente, oficializó un decreto que prohíbe totalmente las exportaciones de carbón a Israel, condicionando la reanudación al cumplimiento por parte de Tel Aviv de las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El gobierno colombiano también ha condenado el uso del hambre como arma de guerra y el desplazamiento forzado. Recientemente, el 17 de septiembre de 2025, anunció una donación de 200.000 dólares a través de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) para cinco organizaciones que brindan ayuda humanitaria a niños y familias en Gaza. Según el Gobierno, esta donación “ratifica el liderazgo de Colombia en la defensa de la vida y los derechos humanos”. Esta postura contrasta marcadamente con la de figuras de la oposición, como el expresidente Iván Duque, quien visitó Israel y se reunió con el primer ministro Netanyahu, un gesto interpretado por analistas como una legitimación de las acciones israelíes.
En resumenEl gobierno de Colombia ha implementado una política exterior de fuerte condena a Israel, materializada en la ruptura de relaciones diplomáticas, la prohibición de exportaciones de carbón y la donación de ayuda humanitaria, posicionándose como un actor clave en la denuncia del "genocidio" en Gaza.