A esto se suma el desplazamiento forzado de la población, con órdenes de evacuación que, según Amnistía Internacional, son "ilegales e inhumanas".

Un miembro del personal sanitario describió la situación como "tener que elegir entre dos muertes: morir en un bombardeo o la muerte lenta del desplazamiento".

La destrucción de infraestructura es sistemática: hospitales, escuelas, refugios y viviendas han sido objetivos de ataques. Un informe de la ONU señala que el 97% de las instalaciones educativas han sido afectadas. De manera particular, el informe de la comisión de la ONU sobre genocidio destaca la destrucción de la mayor clínica de fertilidad de Gaza, que aniquiló miles de embriones, un acto calificado como un intento de "impedir nacimientos" dentro del grupo palestino. Estas condiciones, impuestas deliberadamente, se alinean con los criterios de genocidio definidos en el derecho internacional, al buscar la destrucción física de la población.