La situación humanitaria en la Franja de Gaza ha alcanzado niveles catastróficos, agravada por una nueva orden de desplazamiento masivo emitida por el ejército israelí para toda la Ciudad de Gaza. Esta medida, calificada como "ilegal e inhumana" por Amnistía Internacional, repite el trauma del desplazamiento forzado y exacerba las "condiciones de vida genocidas" impuestas a la población palestina. La orden, emitida a principios de septiembre, es descrita como una "repetición demoledora" de la emitida para el norte de Gaza en octubre de 2023. Para cientos de miles de palestinos que ya sufren bombardeos implacables, hambruna y hacinamiento en campos improvisados, la directiva es una sentencia a una "muerte lenta del desplazamiento".
Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional son desgarradores.
Una anciana con discapacidad relató: "¿Adónde iremos?
Para conseguir transporte hacia el sur hay que pagar casi 4.000 séqueles [1.000 euros], y para comprar una tienda, al menos 3.000 [800 euros]... Ya hemos gastado todos nuestros ahorros para sobrevivir".
Un trabajador sanitario expresó su dilema: "Es como tener que elegir entre dos muertes: morir en un bombardeo o la muerte lenta del desplazamiento".
La infraestructura de Gaza ha sido diezmada, con más del 70% destruida, según Euro-Med Human Rights Monitor. Esta destrucción sistemática, junto con el bloqueo de ayuda y las órdenes de evacuación, son vistas por organizaciones de derechos humanos como una campaña deliberada para provocar la destrucción física de la población.
En resumenLas órdenes de desplazamiento masivo y la destrucción sistemática de la infraestructura civil en Gaza han profundizado una crisis humanitaria sin precedentes, llevando a la población al límite de la supervivencia y alimentando las acusaciones de que Israel está cometiendo un genocidio.