La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional han iniciado procesos contra el Estado de Israel y sus líderes. La magnitud de la destrucción y el elevado número de víctimas civiles en Gaza han llevado la situación al ámbito de la justicia internacional. Varios artículos destacan que existe un consenso cada vez más amplio entre académicos, analistas y líderes políticos para catalogar los actos de Israel como un genocidio, definido por la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esta acusación ha sido formalizada por Sudáfrica, que presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual ha sido respaldada por más de 12 Estados, incluyendo a Colombia. De forma paralela, la Corte Penal Internacional (CPI) ha tomado medidas históricas. El fiscal Karim Khan solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas acciones son respaldadas por informes como los de la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, quien ha documentado una política de exterminio. Los procesos en curso representan un hito, al ser la primera vez que un jefe de Estado de un país del primer mundo enfrenta este tipo de acusaciones, lo que pone a prueba la estructura del derecho internacional.