Además, se aclara que los proveedores deben actualizar su Registro Único Tributario (RUT) y conservar la información reportada durante un período determinado.

El incumplimiento de estas obligaciones acarreará las sanciones previstas en el Estatuto Tributario. Esta regulación se enmarca en un esfuerzo global por aumentar la transparencia en el sector, en línea con el Marco de Información de Criptoactivos (CARF) de la OCDE, al que se han comprometido 48 países, incluido Colombia. La medida busca combatir la evasión fiscal y formalizar un mercado que ha crecido exponencialmente, integrándolo de manera definitiva en el sistema tributario nacional.