En un movimiento histórico, Turkmenistán aprobó una ley que legaliza y regula los activos virtuales a partir de 2026. La nueva legislación, firmada por el presidente Serdar Berdymukhamedov, establece un marco para el comercio de criptomonedas bajo un estricto control estatal, que incluye licencias y el posible uso de registros gubernamentales. De manera similar, Bolivia anunció planes para integrar las criptomonedas y las stablecoins en su sistema financiero, impulsado por la inflación y la escasez de dólares estadounidenses. El Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, declaró que las stablecoins se agregarían a los servicios financieros del país, reconociéndolas como moneda de curso legal.

En contraste, China reafirmó su postura prohibitiva sobre la especulación con criptomonedas en una reunión de alto nivel entre sus principales organismos financieros y policiales.

Pekín busca fortalecer su control a medida que crecen los riesgos asociados.

En América Latina, aunque Brasil ha mostrado avances en la adopción, un debate sobre la posible tributación de las stablecoins ha generado controversia. Por su parte, el Reino Unido está ampliando sus normas de declaración fiscal para incluir transacciones nacionales a partir de 2026 y está probando plantillas de transparencia cripto, mientras que Suiza ha decidido retrasar la implementación del intercambio de información fiscal sobre criptoactivos hasta al menos 2027. Finalmente, el Banco de la Reserva de Sudáfrica ha señalado a los criptoactivos y las stablecoins como un nuevo riesgo estructural para su sistema financiero.