Un nuevo borrador de proyecto de ley presentado en el Senado de Estados Unidos propone un cambio fundamental en la estructura regulatoria de los criptoactivos, buscando trasladar la principal autoridad de supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC). Esta iniciativa legislativa ha reavivado el debate sobre qué agencia está mejor equipada para regular el creciente mercado de activos digitales. El borrador, presentado por el Comité de Agricultura del Senado, busca establecer roles claros para la SEC y la CFTC, delineando la jurisdicción regulatoria de cada una sobre los criptoactivos. La propuesta ha recibido el respaldo de figuras de la industria como Jeff Park, quien afirmó que otorgar la supervisión a la CFTC sobre la SEC es “correcto en términos de dirección”. Estos comentarios se producen en un momento de creciente tensión regulatoria, con el presidente de la SEC, Paul Atkins, prometiendo no ser “laxo en la aplicación” de las normas bajo la nueva estructura del mercado. La comisionada de la CFTC, Caroline Pham, por su parte, ha confirmado su intención de dar luz verde al comercio apalancado de criptomonedas al contado en EE.
UU., una medida que podría expandir significativamente las opciones para los inversores.
El debate sobre la jurisdicción se da en un contexto en el que las operaciones de ambas agencias se vieron afectadas por un cierre del gobierno de 43 días, lo que retrasó la toma de decisiones y la publicación de directrices. La reanudación de sus operaciones es crucial para avanzar en la claridad regulatoria que la industria ha estado demandando.
En resumenUn borrador de ley en el Senado de EE. UU. busca transferir la supervisión principal de los criptoactivos de la SEC a la CFTC, una medida apoyada por algunos actores de la industria para definir claramente las jurisdicciones regulatorias. Mientras la CFTC se muestra abierta a permitir el comercio apalancado de criptomonedas, la SEC mantiene una postura de aplicación estricta. Este debate legislativo es clave para el futuro del marco regulatorio de los activos digitales en el país.