El Ministerio de Hacienda de Colombia ha generado una intensa polémica al presentar un proyecto de decreto que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5% a las transacciones realizadas a través de billeteras digitales y el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B. La medida ha provocado un rechazo casi unánime por parte de gremios, bancos y expertos, quienes advierten que podría frenar la inclusión financiera y desincentivar la digitalización de la economía. El Gobierno argumenta que la propuesta no crea un nuevo impuesto, sino que busca "nivelar la cancha" y eliminar el "tratamiento dispar" que existe entre los pagos con tarjetas de crédito y débito (que ya tienen dicha retención) y los pagos electrónicos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) aclaró que la medida solo afectaría a los comercios que reciben los pagos como ingreso tributario, y no a las transferencias entre personas naturales no responsables de IVA.
Sin embargo, la propuesta ha sido calificada como "un despropósito" y "una señal pésima e inoportuna".
Asobancaria advirtió que la medida "sepulta iniciativas tan importantes como Bre-B", ya que incentiva el regreso al efectivo, que no tiene ninguna retención. Gremios como Colombia Fintech y centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif se sumaron a las críticas, argumentando que encarecer los pagos digitales va en contravía de la formalización económica. Los presidentes de Davivienda y Banco de Bogotá también manifestaron su rechazo, atribuyendo la medida al "desespero fiscal del Gobierno" y señalando que atenta contra los principios de gratuidad e inmediatez de Bre-B, un sistema que apenas lleva unas semanas en operación.
En resumenLa propuesta del Gobierno de aplicar una retención del 1,5% a pagos digitales ha sido duramente criticada por el sector financiero, que teme un retroceso en la digitalización y la inclusión financiera, además de poner en riesgo el éxito del recién lanzado sistema de pagos inmediatos Bre-B.