Esta acción posiciona a EE.

UU. como el mayor poseedor gubernamental de Bitcoin en el mundo y ha generado un intenso debate sobre el origen de los fondos y las capacidades de las agencias de seguridad para rastrear activos digitales. La incautación está relacionada con una acusación contra Prince Holding Group, una empresa con sede en Camboya, que presuntamente utilizó el pool de minería LuBian para blanquear fondos ilícitos. El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que buscará el decomiso de los activos si el presunto cabecilla es declarado culpable.

La noticia cobró mayor relevancia cuando un investigador on-chain reveló una teoría sobre cómo se logró la confiscación.

Según el análisis, varias de las direcciones de Bitcoin involucradas estaban vinculadas a una vulnerabilidad de clave débil conocida como "Milky Sad", lo que habría permitido a las autoridades acceder a los fondos sin necesidad de las claves privadas originales. Este hecho subraya la sofisticación de las técnicas de investigación forense en la blockchain. La acumulación de una reserva de Bitcoin tan significativa por parte del gobierno estadounidense ha sido interpretada como un cambio sísmico en la política de activos digitales, con un senador proponiendo que las criptomonedas incautadas se conviertan en una reserva estratégica en lugar de ser subastadas.