Este impulso regulatorio responde a la creciente preocupación por los riesgos de "criptonización", un fenómeno en el que las monedas estables podrían socavar la política monetaria soberana y la estabilidad de los sistemas bancarios, especialmente en los mercados emergentes. La rápida expansión del mercado de stablecoins, que se acerca a un hito de 300 mil millones de dólares, ha encendido las alarmas de los reguladores financieros a nivel global. La agencia de calificación Moody's advirtió recientemente que la adopción masiva de stablecoins, o "criptonización", representa una amenaza para la política monetaria y los depósitos bancarios, sobre todo en economías emergentes con marcos regulatorios fragmentados o débiles.

En respuesta, las naciones del G7 están liderando el desarrollo de normativas específicas.

Japón ha sido pionero con un marco legal ya en vigor, mientras que la Unión Europea avanza con su regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) y en Estados Unidos se debate la Ley GENIUS. Estos esfuerzos buscan establecer reglas claras sobre la emisión, respaldo y operación de las stablecoins para proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad financiera. Sin embargo, la naturaleza transfronteriza de estos activos presenta desafíos complejos. Por ejemplo, un organismo de control de la UE ha presionado para prohibir las stablecoins emitidas conjuntamente por empresas dentro y fuera de la Unión, lo que evidencia la dificultad de coordinar la supervisión a nivel internacional. El objetivo final es crear un entorno regulado que permita aprovechar los beneficios de las stablecoins, como las liquidaciones transfronterizas instantáneas, sin exponer a las economías a riesgos sistémicos.