Muchas de estas armas habían sido incautadas previamente en operaciones militares contra grupos armados ilegales, lo que aumenta la preocupación sobre su posible destino en manos de organizaciones criminales. Tras detectar la pérdida del material, el Ejército activó los protocolos de control y confirmó la apertura de investigaciones disciplinarias y administrativas. Según los reportes, en el proceso estarían involucrados varios militares, entre ellos un oficial con grado de teniente.

Como parte de las indagaciones, algunos soldados han sido sometidos a pruebas de polígrafo para intentar esclarecer cómo se produjo la sustracción del armamento. La Fiscalía 2470 de Conocimiento clasificó el caso como peculado culposo, un delito que se configura cuando un servidor público, por negligencia o falta de cuidado, da lugar a que se pierdan bienes del Estado que tiene bajo su responsabilidad. Este incidente ha generado una fuerte polémica y cuestionamientos sobre los controles de seguridad en las instalaciones militares y el riesgo que representa la pérdida de armamento que podría reingresar al circuito del crimen organizado.