Según las investigaciones de la Fiscalía, la banda criminal habría estado operando durante varios años, con actividades ilícitas registradas en 2014, 2015, 2024 y 2025.

El modus operandi consistía en exigir sobornos a cambio de manipular y favorecer a investigados en procesos por lavado de activos. La operación de captura se llevó a cabo de manera simultánea en varias ciudades del país, logrando la detención de nueve presuntos integrantes de la red en Chiquinquirá (Boyacá), Bogotá, Pereira (Risaralda) y Granada (Meta). Este caso revela un grave esquema de corrupción que permeó a tres de las instituciones más importantes del sistema de justicia y seguridad del país. La participación de miembros de la Policía, encargada de la seguridad ciudadana; del CTI, responsable de la investigación técnica en los procesos penales; y del Inpec, custodio del sistema carcelario, evidencia una profunda infiltración criminal en el Estado. La capacidad de esta red para operar durante un período prolongado y en distintas jurisdicciones sugiere un nivel de organización y complicidad interna que socava la confianza pública en las instituciones y pone en entredicho la integridad de los procesos judiciales en los que intervinieron.