Este incidente genera una grave alerta sobre la seguridad y la cadena de custodia del armamento incautado a organizaciones criminales. La posibilidad de que estas 46 armas regresen al mercado negro representa una amenaza directa a la seguridad ciudadana, ya que podrían terminar nuevamente en manos de los mismos grupos delincuenciales, fortaleciendo su capacidad ofensiva y revirtiendo los esfuerzos de la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen.