La respuesta del gobierno colombiano ha sido inmediata y multifacética.

Se anunció el despliegue de más de 30.000 uniformados en la zona limítrofe, la activación de cinco Puestos de Mando Unificado (PMU) y la inminente declaratoria de un estado de emergencia económica, social y ecológica para anticipar una posible crisis humanitaria por un éxodo masivo. La preocupación se centra en la reacción del ELN, grupo que según informes de inteligencia y acusaciones de Estados Unidos, mantenía alianzas con el régimen de Maduro para el tráfico de drogas. El expediente estadounidense señala a Maduro como cabecilla del 'Cartel de los Soles', una red que conspiraba para enviar toneladas de cocaína a EE. UU. en colaboración con el ELN, las disidencias de las FARC y el 'Tren de Aragua'. Incluso se detallan reuniones del hijo de Maduro, alias 'El Príncipe', con disidentes en Medellín para coordinar operaciones de narcotráfico. El presidente Gustavo Petro rechazó la intervención militar en Venezuela, calificándola como una “agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, y anunció que buscaría convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Expertos y autoridades advierten sobre múltiples riesgos para Colombia, incluyendo un posible conflicto civil en el país vecino, el fortalecimiento del ELN en la frontera y una nueva oleada migratoria que podría desbordar la capacidad de respuesta del Estado.