Esta nueva modalidad, que incluye el lanzamiento de granadas y otros explosivos desde aeronaves no tripuladas, representa un desafío estratégico para la Fuerza Pública y ha encendido las alarmas a nivel nacional e internacional. Informes de inteligencia y reportes de prensa indican que guerrillas como el ELN y disidencias de las FARC han adoptado esta tecnología, especialmente en regiones de alta confrontación como el Catatumbo. Desde abril de 2024, se han registrado cerca de 400 ataques con drones, que han dejado un saldo de al menos 58 miembros de la fuerza pública muertos.

Esta capacidad tecnológica les permite a los grupos ilegales ejecutar ataques con mayor precisión y menor riesgo para sus combatientes. El almirante Juan Ricardo Rozo Obregón reconoció la amenaza y afirmó que las Fuerzas Militares avanzan “en tecnológica para contrarrestar ataques con drones”. La preocupación ha escalado a nivel internacional, con autoridades estadounidenses sancionando a un fabricante de drones venezolano presuntamente ligado a Irán, lo que ha llevado a un rastreo más riguroso de estos dispositivos en la región. Expertos señalan que este es uno de los principales retos para la nueva cúpula militar, que debe modificar sus estrategias para enfrentar esta evolución en el campo de batalla.