La violencia ha incluido ataques con drones y la instalación de minas antipersonal, una de las cuales hirió a una mujer. Líderes comunales han recibido amenazas de muerte, dándoles “24 horas para salir de la zona”. En respuesta, el Ministerio de Defensa ha desplegado más tropas, ha instalado un Puesto de Mando Unificado y ha anunciado el refuerzo de operaciones aéreas para contener la escalada. Sin embargo, la presencia militar no ha logrado detener la violencia, y las empresas de transporte público y de carga se abstienen de viajar a la región por temor a ataques, lo que agrava la crisis de desabastecimiento. La situación se complica aún más por la reconfiguración de los grupos armados, con informes de inteligencia que revelan movimientos de tropas del ELN desde Venezuela y un fortalecimiento del frente 33, que ha duplicado su pie de fuerza a pesar de estar en supuestas negociaciones de paz.