Autoridades desmantelaron una red de corrupción conformada por funcionarios activos y retirados de la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y el Inpec. La organización criminal se dedicaba a manipular procesos judiciales por lavado de activos y extinción de dominio a cambio de millonarios sobornos. En un contundente golpe contra la corrupción institucional, la Fiscalía General de la Nación ejecutó la captura de nueve presuntos integrantes de esta red en operativos simultáneos en Chiquinquirá (Boyacá), Bogotá, Pereira y Granada (Meta). La investigación reveló que la banda, que operaba al menos desde 2014, cobraba entre 400 y 1.000 millones de pesos por caso para filtrar información reservada, direccionar procesos y bloquear decisiones judiciales clave, como órdenes de captura y medidas de extinción de dominio. Entre los capturados se encuentran cuatro funcionarios de la Policía, dos del CTI y tres exintegrantes del Inpec.
El entramado criminal llegó a extorsionar a figuras del narcotráfico como Juan Carlos Ramírez Taborda, alias 'Manicomio', quien pagó condena en Estados Unidos y buscaba proteger sus bienes en Colombia.
La red prometía beneficios a cambio de los sobornos, eliminando elementos probatorios y entorpeciendo las investigaciones. Según la fiscal del caso, los funcionarios "procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio de los que estaban allí involucrados para esconder sus bienes". Este caso pone de manifiesto una grave infiltración de la criminalidad en las instituciones encargadas de impartir justicia y garantizar la seguridad, afectando directamente la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.
En resumenEl desmantelamiento de esta red de corrupción evidencia una profunda vulnerabilidad en el sistema judicial y de seguridad de Colombia. La implicación de funcionarios de la Policía, CTI e Inpec en la manipulación de procesos por lavado de activos a cambio de sobornos millonarios socava la confianza pública y demuestra la urgente necesidad de mecanismos de control más estrictos para combatir la corrupción interna.